Ahorrar es infinitamente más barato que solicitar un crédito. Uno depende exclusivamente de su esfuerzo y buen hacer, lo que permite cierto grado de libertad. Lo contrario significa perderla.
Si la vida laboral teórica se sitúa en España como máximo entre los 16 y los 67 años, 51 años o casi 92000 horas de trabajo, y en nombre de la libertad, debería estar completamente prohibido que un particular pudiera asumir una deuda en que deba dedicar más de la mitad de su vida útil laboral pendiente a pagarla, desde el momento en que contrae el crédito, por lo que el máximo se situaría en los 25 años. Esto independientemente del valor del crédito solicitado o de si los tipos de interés acordados son fijos, y menos aún si son variables, ya que la vida laboral real puede ser -y normalmente lo es- muy inferior a la teórica. Eso implica que el esfuerzo real es una dedicación mucho mayor de las horas reales de trabajo al servicio de la deuda que la inicialmente esperada.
El Pacto de Estabilidad y de Crecimiento del Euro implica que los Estados deben cumplir con unos objetivos de déficit inferiores al 3% y una deuda pública inferior al 60% del PIB. Estos objetivos parecen insuficientes. Como en la casa de cualquier buena familia, no se puede constantemente vivir de sacar la tarjeta de crédito para cubrir todos los meses un déficit del 3%. Eso puede pasar algún mes con gastos extraordinarios o inesperados. Una familia precavida suele ahorrar algo de lo que ingresa, preferiblemente entre un 5 o 10% cada mes, para los tiempos peores. Los bancos tampoco facilitan créditos que impliquen un esfuerzo mensual superior al 35% de la renta familiar. Por algo será... Si eso es válido para el común de los mortales es difícil de entender que los Estados Europeos no apliquen políticas similares. Quizá, si nuestros gobiernos hubiesen sido más precavidos hoy no estaríamos al borde del abismo.
Los bancos son reticentes en validar créditos hipotecarios en los que la deuda quede saldada con la entrega del inmueble por incumplimiento de pago de las cuotas por parte del deudor. La verdad, lo que todo banco realmente quiere es simplemente que los individuos paguen religiosamente sus cuotas en los plazos acordados. Ni antes, ni después. Lo demás es una cuestión de riesgo de avales. Si un banco quiere conceder un crédito sin cualquier aval, lo podría hacer, pero todo tiene un precio, aunque hay riesgos que quiere evitar. Los riesgos importantes deben ser asumidos por la parte más fuerte, no la más débil. Actualmente en España los bancos siempre podrán perseguir todo el patrimonio de los individuos que han contraído créditos hipotecarios, lo que les permite disminuir al máximo el capital dudoso de cobrar, aunque esto arruine completamente la vida de los deudores y puede que no les quede más remedio que ser ayudados por nuestro estado de bienestar para poder seguir adelante. Pues todo el riesgo tiene un precio y ese riesgo el Estado no debería permitir que los particulares lo asuman, aunque deben pagar un seguro por ello. Si se quiere que el banco asuma el riesgo de no poder disponer del capital personal de los deudores en caso de impago y que el traspaso de propiedad del inmueble al banco salde la deuda, seguramente, para que ese riesgo sea asumido por el banco, éste debería trasladar unos tipos de interés más elevados a los individuos que deseen contraer una hipoteca. El Estado debería obligar que así sea para evitar costes mayores en dramas humanos y a las arcas públicas. Desgraciadamente la ofuscación de disponer de la casa de tus sueños con créditos baratos y constantes en el largo plazo se ha desvanecido, y con ella la soberbia y vanidad de bancos, apretados por la competencia, y de hipotecados, que quieren tenerlo todo ya, sin esfuerzo y sin pensar que podrán venir tiempos peores.
Si vivir del crédito es nuestra única opción, ¡que Dios nos coja confesados!
